Por: José Eulícer Mosquera Rentería
Articulo AZABACHE
Marzo de 2025
El Chocó y el Pacífico en general están sobre diagnosticados, quedando claro que su atraso y la pobreza de sus gentes están determinados por las secuelas de la esclavitud colonial y por el indolente abandono estatal; pero también por la corrupción. Es indiscutible que, si los pocos recursos que se han destinado desde el Estado y la Cooperación Internacional se hubieran invertido o aplicado con honestidad y compromiso social, las condiciones de vida y el estado de desarrollo de nuestras comunidades sería muchísimo mejor.
Es importante subrayar que esta corrupción, en la mayoría de los casos, ha sido acolitada por los gobiernos oligárquicos y los organismos estatales de control y vigilancia, quienes han utilizado a funcionarios y políticos chocoanos para saquear el erario a cambio de cargos públicos, de enriquecimiento fácil y de movilidad social.
Daños ambientales causados por la gran minería del oro y el platino, |
de empresas extranjeras y nacionales en el Choco y Antioquia. |
Es mundialmente conocido el atraso de la Región del Pacífico Colombiano, en particular sus zonas pobladas por afrodescendientes, y el alto grado de marginalización social de sus asentamientos humanos. Sin embargo, desde hace más de medio siglo se viene publicitando por todos los medios de que esta es la “Era del Pacífico”, pero la mayoría de propuestas de intervención económica continúan orientándose a crear condiciones favorables para la inversión de capitales procedentes de diferentes partes del país y del mundo bajo la forma de enclaves para extraer en forma depredadora los recursos naturales y súper explotar la fuerza de trabajo regional y local, sin importar el presente y el futuro de las comunidades que desde hace siglos vienen habitando y cuidando esta importante parte del territorio nacional.
Desde luego que no vamos a alinearnos del lado de los reaccionarios y retardatarios oponiéndonos a los cambios que la realidad histórica demanda, pero lo que sí ha quedado claro para las sociedades del mundo es que los cambios deben ir acompañados de procesos de participación y preparación mediante los cuales las comunidades afectadas por ellos se habiliten para que puedan vincularse en condiciones dignas y de equidad, de lo contrario, los esperados efectos positivos de las intervenciones pueden quedar ahogados en conflictos sociales de magnitudes incalculables. Situaciones que se han experimentado en Colombia por toda su vida republicana.
En este sentido, las comunidades afrocolombianas del pacífico deben ser preparadas para que puedan participar positivamente en los cambios que se vienen dando mundialmente, en el país y en su región. Dicha preparación debe abarcar la cuestión política/organizativa y del poder en sí y para sí, la capacitación en el manejo de nuevas técnicas, métodos y tecnologías productivo-laborales sostenibles, los aspectos socioeconómicos y financieros, la promoción y fortalecimiento de su cultural en consonancia con la diversidad que caracteriza a nuestro país, y la protección de los ecosistemas regionales.
Es oportunidad para que el Estado Colombiano y las potencias occidentales entren a cubrir la deuda histórica que tienen con las comunidades del pacífico desde el siglo XVI.
Para superar su precaria situación socioeconómica, estas comunidades cuentan con los inmensos recursos de los ecosistemas de la región, muchos de los cuales pueden aprovechar racionalmente, siempre protegiendo la conservación de la biodiversidad, desarrollando actividades sostenibles. Sin embargo, como históricamente han sido descapitalizadas y tienen escasa experiencia empresarial y en negocios, requieren de un especial apoyo con recursos financieros, capacitaciones y acompañamiento gubernamental sostenido en gestión empresarial y manejo de nuevas técnicas y tecnologías sostenibles.
De acuerdo con los diagnósticos, estudios y experiencias realizadas por PLAIDECOP,DNP, Convenio Colombo-Holandés para el Desarrollo Integral Agrícola y Rural del Chocó, DIAR, CORFAS, DRI, CECORA, CEISAFROCOL y otras entidades, se considera que la mejor forma que las comunidades afrocolombianas del pacífico salgan a su manera de las condiciones de atraso, pobreza y marginalización social hasta lograr vincularse al desarrollo regional, nacional y mundial, es a través del impulso del empresariado asociativo y solidario, propio, con inyección económica y financiera, de arranque, de procedencias estatales y/o de la cooperación internacional, bajo la dirección y asesoría de un organismos especializado autónomo, integrado por representantes de las diferentes unidades económicas-empresariales comunitarias, una Central Cooperativa o de empresas asociativas y solidarias.
Coherente con lo anterior, la Ley 70 de 1993, especialmente en su Capítulo VII, plantea dar un apoyo especial a las empresas cooperativas o solidarias en la orientación del desarrollo socioeconómico de las comunidades afrocolombianas. Pues, la empresa cooperativa supedita el recurso de capital y de las realizaciones socioeconómicas al bienestar y desarrollo de las comunidades, de los seres humanos y de los ecosistemas, por lo cual son la mejor garantía para un desarrollo sostenible y autóctono, a diferencia de la empresa comercial y capitalista cuyo objetivo es la ganancia o utilidad, acumular capital a favor de su reducido número de propietarios, que en este caso serían foráneos y como siempre se llevarían los excedentes o utilidades para sus países o regiones de origen, prolongando con ello el atraso y la pobreza de la región pacífico.
Pero las cooperativas y demás empresas asociativas no tienen éxito en ninguna parte del mundo si no cuentan con el respaldo del Estado, frente a la competencia depredadora de la gran empresa capitalista, incluidas las transnacionales. Esto ha quedado demostrado en los países donde se ha dado un cooperativismo fuerte tales como Israel, la desaparecida Unión Soviética, Noruega, Finlandia, Suecia, Japón, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, el País Vasco en España, la República Cooperativa de Guyana y otros.
En este sentido, desde sus inicios presentamos al Gobierno del Presidente Petro una propuesta de Fomento del Desarrollo Económico Empresarial en Comunidades del Pacífico, que incluye una metodología participativa con asistencia técnica, financiera y acompañamiento sostenido del Estado Nacional desde el principio y por un término inicial mínimo de cinco años. Lo cual demanda la creación de comisiones de promotoras y promotores de empresas asociativas y solidarias que se deben enviar por la entidad estatal correspondiente a las regiones y comunidades, para que a partir de las ideas de proyectos que tengan estas las asesoren en la formulación, puesta en funcionamiento y desarrollo de su proyecto. Las promotoras y promotores pueden ser personas naturales y/o jurídicas expertas y con trayectoria respetable en la materia, pero preferiblemente estas últimas.
Por nuestra parte, Centro de Estudios e Investigaciones Sociales Afrocolombianas, CEISAFROCOL, continuamos listos para cumplir el papel de promotores de desarrollo económico-empresarial, asociativo y solidario en nuestras comunidades.
Sin embargo, desde el Gobierno Nacional se viene planteando es que las comunidades entreguen sus proyectos a alcaldes y gobernadores para que estos se encarguen de tramitar los apoyos correspondientes ante el Gobierno Nacional. Lo cual consideramos erróneo, dado que sería entregar estos proyectos y los recursos facilitados por el Gobierno Nacional a los mismos corruptos de siempre, quienes hasta la fecha son cuadros del viejo establecimiento oligárquico y, por ende, no están interesados por sacar adelante los programas de este gobierno ni en la superación de las comunidades.
Se entiende que el Gobierno Nacional a través de esta práctica pretende lograr el apoyo de alcaldes y gobernadores para construir el poder regional y local que no tienen Petro, Francia ni el Pacto Histórico. Pero en realidad, esto es muy riesgoso con esos politiqueros tradicionales y, por tanto, lo mejor es empoderarse tratando directamente con las comunidades o colectivos populares, con lo cual a la vez se les empodera también a ellas/os, ayudándoles a zafarse del control de la politiquería tradicional y convirtiéndose en protagonistas insobornables de las transformaciones sociales y territoriales.
La metodología que se está proponiendo desde el Gobierno Nacional le abre oportunidades a los corruptos como, según informaciones que nos han llegado, está ocurriendo en regiones como el Chocó y Antioquia, donde funcionarios de los gobiernos le vienen exigiendo altos porcentajes a las organizaciones comunitarias o pequeños productores beneficiarios de recursos del Estado, bajo el concepto de asesorías y acompañamiento.
Estamos a tiempo para corregir las falencias y poder aprovechar este año y medio que queda, para realizar las ejecutorias que generen bienestar a las comunidades y el mayor respaldo popular posible, y para que se pueda garantizar la continuidad del proyecto enarbolado por el Pacto Histórico.
Sabemos que el gobierno del presidente Petro quiere cumplir con sus ofertas de campaña electoral, de construir paz, bienestar y progreso para las comunidades y regiones, que tanto ha anhelado la mayoría absoluta de los colombianos, pero le ha tocado enfrentar los permanentes sabotajes de las fuerzas del viejo establecimiento dentro de las instituciones estatales del ejecutivo, el judicial y el legislativo, como está ocurriendo en el momento con las reformas a la salud y la laboral, por lo cual no le ha quedado otra alternativa que convocar al pueblo a su movilización y protagonismo a través de una Consulta Popular, a la cual hay que acudir masivamente para evitar que las oligarquías indolentes y retardatarias, y sus voceros en el Congreso de la República, se burlen una vez más de la voluntad popular manifestada con la elección del Gobierno del Pacto Histórico, Gustavo Petro y Francia Márquez. Inicialmente el Pacto Histórico está convocando a la realización de movilizaciones masivas por las reformas el próximo 18 de marzo, en las principales ciudades del país. Firmes con Petro y el Pacto Histórico. AZABACHE, marzo de 2025.
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