El telegrama negro: nacimiento de la Ley 70 de 1993

Por: Rudy Amanda Hurtado Garcés

Artículo en portal Diaspora aquí

Con el llamado a la Asamblea Constituyente, en el gobierno del presidente Virgilio Barco (1986-1990), algunas expresiones organizativas de comunidades negras, coinciden en la necesidad de articularse a nivel nacional de cara a la Asamblea Nacional Constituyente, en esta coyuntura, dichas organizaciones convocan al congreso preconstituyente de las comunidades negras, realizado en Santiago de Cali, en 1990, en el cual participan alrededor de 135 expresiones organizativas del pueblo negro. El congreso se convierte en un espacio de encuentro, articulación y movilización del derecho a tener derechos en la nueva Constitución Política del País. Además, posibilita crear un consenso ideológico y político nacional entre diferentes expresiones organizativas. En ese momento “existía en común una conciencia de una particularidad negra: su forma de vida y su visión frente a lo social y lo económico, los hacia diferentes frente a otras expresiones organizativas de carácter cívico o popular”[i].

A partir de ese momento surge la Coordinadora Nacional de Comunidades Negras, espacio que se consolida como la voz pública en la coyuntura de la Asamblea Constituyente. La confluencia en la Coordinadora Nacional de Comunidades Negras, crea las condiciones para elaborar una “propuesta-protesta” como respuesta inicialmente al despojo de las tierras ocupadas ancestralmente por el pueblo negro, debido al crecimiento exponencial de los intereses de la economía neoliberal sobre sus tierras.

Después del congreso preconstituyente, al momento de presentar la propuesta unificada y consensuada surgen una fragmentación al interior de la Coordinadora Nacional y emergen dos tendencias político-organizativas en la constituyente. La primera tendencia, centra su propuesta en el reconocimiento del pueblo negro desde la diferencia cultural como grupo étnico y participa en las elecciones con Carlos Rosero como candidato, pero no logra alcanzar una curul delegataria a la constituyente. Frente a este reto de no tener una representación, realizan una alianza con el movimiento indígena del Pacífico y el Cauca. La propuesta es presentada por los delegatorios indígenas Francisco Rojas Birry y Lorenzo Muelas.

La segunda tendencia es la encabezada por el Movimiento Nacional por los Derechos Humanos de la Comunidades Negra de Colombia —CIMARRÓN– en donde el liderazgo visible es Juan de Dios Mosquera, también militante del Partido Comunista colombiano, quien con aspiraciones de llegar a ser delegatario constituyente, hace alianzas con un sector de la izquierda representado en la Unión Patriótica, sin embargo tampoco logra obtener la fuerza suficiente para llegar a ser delegatorio en la constituyente. Este sector del movimiento, remire una propuesta través del Constituyente de la Alianza Democrática M-19: German Toro Zuluaga. La propuesta hace énfasis en mostrar la institucionalización del racismo, apartheid y el odio racial, étnico y cultural, argumentado que el racismo y el apartheid que padecen las comunidades negras e indígenas es visible en la situación generalizada de atraso, desigualdad y exclusión en que trascurre la vida en las comunidades. Aquella situación de marginalidad se atribuye a un continuum, durante estos 500 años, de explotación y opresión racial, étnica y cultural.

Las marcadas diferencias ideológicas entre estas dos tendencias producen un debate entre una visión de corte antirracista y otra visión culturalista. Tensión que se expresará en todo el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. A pesar de las diferencias y el conflicto, la Coordinadora Nacional de Comunidades Negras, abre otras formas de movilización para exponer su propuesta, entre ellas, la participación masiva en las mesas de trabajo locales y regionales en territorios con mayor presencia de comunidades negras. Así, crean espacios de movilización política para hacerse escuchar en la Asamblea Nacional Constituyente. Otra de las formas de presión pública es el telegrama negro, en el cual se exige el reconocimiento del pueblo negro como grupo étnico. A la Asamblea Nacional Constituyente llegan alrededor de 1.117 telegramas, entre marzo y mayo de 1991, con remitentes de diferentes lugares del país y organizaciones sindicales. Se tomaron edificios como la catedral de Quibdó, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria —INCORA— y la Embajada de Haití, en Bogotá. A pesar de este complejo escenario político derrumban el argumento “no tienen etnicidad” y logran, a través de la acción colectiva y la subjetivación política, la redacción final del Artículo Transitorio 55 en la Nueva Constitución Política de 1991, lo que dará nacimiento a la Ley 70 de 1993, como dicen los hermanos Lebrón “pero llegamos como se había prometido”.

La ley 70 de 1993 es una forma de redistribución y reconocimiento formal de las tierras ancestralmente ocupadas por las comunidades negras, inicialmente en el territorio-región del Pacífico es una interpelación al orden racial neoliberal, pero al mismo tiempo constituyen un proceso de mediación de las relaciones raciales del orden neoliberal en la medida que las tierras tienen gran importancia para las pretensiones de la economía neoliberal global. Producto de la mediación de lo político incluso en forma de etnicidad aparece la violencia traducida en despojo de tierras, desplazamiento masivos y masacres. Frente al lenguaje de la violencia la alternativa es insistir en lo propio y continuar expandiendo la titulación colectiva de tierras ancestrales a otros espacios de disputa entre las aspiraciones de las comunidades y las pretensiones de la economía neoliberal.

Este reconocimiento formal es relatado desde diversas perspectivas explicativas y entradas analíticas. Pero ahondaré en las que considero más relevantes metodológicamente para el debate. La primera perspectiva analítica, arguye que el reconocimiento de la diferencia cultural en la Constitución Política de 1991, además de romper con la idea del igualitarismo republicano, produce una lógica multicultural que reemplaza la raza en etnicidad dejando intactas las jerarquías socio-raciales. Este proceso de etnización opera como un mecanismo que justifica la aparición de un movimiento de etnización que permite la emergencia de líderes afrocolombianos que legitiman la existencia de una nación multicultural y da lugar a la legitimidad del nacimiento de los estudios afrocolombianos Cunin (2003).  La segunda mirada, elaborada por Restrepo (2013), alude que a partir del surgimiento de las organizaciones étnico-territoriales y la aparición de la ley 70 de 1993, emerge un proceso de etnización que crea una invención de las comunidades negras como “grupo étnico” y para ello, requirió de un imaginario académico y político que legitimara la formación de un sujeto político étnico.

La tercera lectura, la etnicidad reemplaza lo racial en el Estado multicultural. En este sentido, explica que este proceso implica un cambio de una rúbrica legal de la raza a una de etnicidad, lo cual da origen a la utilización de categorías étnicas en vez de la utilización de categorías raciales, fijando así la producción de identidades institucionalizadas que emergen con un lenguaje que privilegia la generalización del discurso cultural sobre la discriminación racial. Esta narrativa que crea una relación de codependencia consolidada entre raza y etnicidad establece usos informados, consensuados por las comunidades indígenas y afrocolombianas para reclamar derechos, entre ellos, el derecho a la tierra Ng´weno (2013). Finalmente, la última siguiendo a Lao-Montes (2018) hace alusión a la existencia de un multiculturalismo neoliberal, entendido como un proyecto racial de carácter contradictorio en el cual se tiende a reducir lo racial a lo cultural, relega lo racial a lo étnico produciendo un efecto minimizador o borrador de la importancia del racismo como componente central y estructural, el multiculturalismo no interpela el orden racial neoliberal.

Las intervenciones académicas que han abordado la pregunta entorno a la transición al Estado multicultural, que interpelan, e incluso condenan el reconocimiento formal de la etnicidad en los Estados multiculturales / neoliberales como se observa en cada una de las entradas explicativas mencionadas anteriormente, cuestionan, entre otras cosas, la reducción de la relevancia de las jerarquías socio-raciales y/o formaciones raciales en el Estado multicultural y eso está directamente relacionado con las prácticas del neoliberalismo. Incluso, otras intervenciones señalan que el multiculturalismo es la ideología del capitalismo global (Žižek, 1993). Si bien estos argumentos son relevantes, también es cierto que existe una relación dialéctica del lugar político que ocupa lo racial y lo étnico al interior del movimiento negro en Colombia, que no puede simplemente condenar la apertura de 1991 como un hecho neoliberal, pues este momento también ha significado un profunda interpelación al orden económico neoliberal  a través de la  lucha por la redistribución y formalización de tierra para el pueblo negro en Colombia, un debate que requiere de mayor profundidad y que tan solo quiero dejar enunciado. El uso de la ciudadanía formal de la etnicidad también ha confrontado la racionalidad neoliberal de acumulación por desposesión en un país donde el racismo estructural se sustenta en la lógica de imposición de la hegemonía a través del uso histórico de la violencia en la disputa por el acceso a la tierra.

[i] Grueso, Libia. 2000. Antecedentes. Historia breve del P.C.N. En Proceso de Comunidades Negras de Colombia. Construyendo buen vivir en las comunidades negras del río Yurumanguí y en Pilamo Cauca-Proyecto PCN – Solsticio. (Documento de Archivo del PCN, Palenque el Congal, Buenaventura, Valle).