Escrutinio al racismo

Por: Arleison Arcos Rivas

Agazapados en el anonimato de las redes sociales, las y los racistas solían lanzar, de rato en rato y casi todos los días, frases e improperios soterrados, asegurando su total impunidad tras el uso de fotografías falsas y avatares en perfiles sin nombres ni indicaciones de referencia. Por estos días, sin embargo, se han descarado; mejor dicho, se han dejado ver la cara, evidenciando que periodistas, cantantes, políticos y gentes del común alimentan a una fiera que ruge y ataca por todos los flancos, sin misericordia alguna, contra sujetos discriminados.

Si bien en Colombia existe la ley 1482 de 2011 y la modificatoria 1752 de 2015, con las que la institucionalidad ha procurado asegurar “la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación”, los ataques, agresiones, acusaciones, insultos y actos contrarios a la dignidad de las personas racializadas y discriminadas no cesan; evidenciando el marcado desinterés de las autoridades en judicializar este comportamiento, y la despreocupada frecuencia con la que la sociedad lo disculpa.

La ley identifica como acto discriminatorio todo evento motivado por “razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación”. De igual manera, agrava la consideración del hostigamiento por motivos étnicos, culturales, religiosos, políticos, ideológicos y xenófobos. Aún así, los agentes judiciales suelen descartar la persecución a estos hechos alegando que constituyen experiencias subjetivas en las que las denuncias no revisten las formalidades delictivas típicas y se basan fundamentalmente en “expresiones grotescas y de mal gusto”, “sacadas de contexto”. Por ello, así se avance en denuncias y condenas, también aparecen las absoluciones con las que se niega responsabilidad penal por tales afrentas, considerando como atenuante punitiva la retractación de los sindicados, exculpándose públicamente.

Por ello, como afirmamos en una columna anterior, “mi amigo el negrito”, el racismo institucional se alimenta constantemente ante la complacencia social para tolerarlo y la ineficiencia estatal para perseguirlo.

Reitero: Aunque no existe un libreto racializado, se operan y ponen en juego las características del racismo institucional cuando un individuo o un conjunto de ellos, investidos del reconocimiento público que genera el acceso a un micrófono, la designación como representante, la suntuosidad figurativa en redes sociales, espacios de entretenimiento o escenarios interactivos, la ostentación de un cargo burocrático, el uso de un uniforme, o la prestación de servicios en nombre del Estado. En todos esos casos, cuando un sujeto se expresa o manifiesta de modo tal que sus acciones u opiniones son percibidas como abiertamente discriminatorias, ¡eso es lo que hay!

En pleno proceso electoral no sólo emerge el racismo como tema en los discursos de las y los candidatos a presidente y vicepresidente. También aparecen los improperios, insultos, amenazas y mensajes cargados de rencor, odio e indignidad, en los que se expone con total indiscreción y animosidad el peso discriminatorio del trato desproporcionado e hiriente.

Así ha ocurrido, uno tras otro, en tres acciones en las que Francia Márquez fue convertida en objeto del escarnio racial por una periodista en un medio radial, una cantante de música popular y un Senador posando equivocadamente de defensor; a lo que se suman las graves palabras de hostigamiento proferidas por un político que preside el Senado.

Imágenes frecuentes en las que se compara a una persona afrodescendiente con un orangután o un simio, se reiteran ahora para exponer ideologías de odio que, amplificadas por el efecto multiplicador de las redes sociales y los medios informativos masivos, reinciden en la exposición enfermiza y lesionante de tales expresiones y actuaciones, sin que resulte contundente la inspección moral y la consecuencia legal contra tan frecuentes y contagiosos agresores.

Por ello, en cada acto discriminatorio no sancionado, se eleva la percepción de que el mismo resulta consentido y permitido; quedando igualmente expuesta la hipocresía y doble moral de quienes se manifiestan contra el tratamiento penal de tales expresiones de odio. De ahí que “muy tocados”, “se quejan por nada”, “pero siempre les han dicho así”, “parecen de cristal”, “ya no se les puede decir nada” y afirmaciones semejantes, se repitan en miles de entradas, trinos y cadenas. Pese a la reiteración e incremento de agresiones semejantes, no se eleva el consenso simbólico y legal explícito que evidencie la oposición social a toda forma supremacista, segregacionista y prejuiciosa que reincide en el menoscabo de la dignidad humana y condena a muchos a vivir en un infierno discriminatorio permanente.

El escrutinio sobre tales prácticas no puede ser voluntarioso. Por lo contrario, debe radicalizarse y volverse cotidiano, “hasta que la dignidad se haga costumbre”.