Por: Arleison Arcos Rivas
Marzo 27 de 2025
Tras décadas y siglos de cerramiento político, dependiendo de cómo se lean las dinámicas participativas en Colombia, a partir del escenario constitucional gestado en 1991, ya deslucido, se gestaron innovaciones políticas que permitirían a las fuerzas alternativas al bipartidismo expresarse con potencialidad de victoria, de acuerdo al reordenamiento de los conteos electorales y la garantía de espacios de acción reglados, en favor de las fuerzas minoritarias.
El esquema, motivado por cimentaciones éticas tras la acción comunicativa, que estaban en boga en los ochenta y se incorporaron a varias constituciones de la década siguiente, ponía de presente la necesidad de articular el cuerpo político sobre la base de la incorporación de acuerdos en los que las mayorías no se imponen de manera absoluta ni manipuladora, facilitando la tramitación negociada de las diferencias, al tiempo que se elimina toda posibilidad de coacción de las facciones en disenso, permitiendo su existencia y expresión sin exclusiones.
Hoy parecería que estamos en un proceso involutivo en el que, de nuevo, el copamiento de los espacios de poder por fuerzas arrobadoras mina el consenso y eleva fronteras contra las alternativas políticas; incluso cuando estas logran hacerse al gobierno. El sistemático bloqueo que impide decidir discutiendo las proposiciones y transformándolas en “el mejor acuerdo posible”, no parece orientar la política contemporánea, por lo menos en Colombia, aunque vemos que en otras latitudes la cosa está igual o peor, con la llegada de gobernantes tan arrogantes como pendencieros, tan fogosos como impositivos.
Las prácticas arrolladoras, contra la oportunidad de alcanzar consensos y la negación del mejor acuerdo posible alcanzan niveles de exasperación que resultan abiertamente irresponsables, tales como el impedir el quorum para obligar a levantar las sesiones, o retirarse del recinto para obstruir el trámite deliberativo. Peor aún, cuando por la particularidad del ridículo procedimiento legislativo colombiano que obliga a que un proyecto de ley pase por dos comisiones y dos cámaras, incluso dos veces si se trata de una reforma constitucional, dándole poder de bloqueo a una porción minúscula del congreso que decida coludirse con poderes corporativos, a la sombra o abiertamente interesados, asignándoles la potestad de imponerse contra una medida que ya había sido aprobada en una cámara conformada por el conjunto de sus integrantes.
En otro terreno político, el de la autoridad electoral, también presenciamos la patética entronización de los matoneadores, con su accionar vehemente en contra de las alternativas.
Aunque, debe decirse, cuatro movimientos o agrupaciones políticas, que resultan aliadas de los partidos tradicionales y sus bifurcaciones [liberal, conservador, cambio radical, unidad nacional, centro democrático] han perdido sus personerías jurídicas, no resulta dramática su desaparición en cuanto sus agentes provenían originalmente de tales fuerzas, y a ellas o sus nuevas disidencias pueden regresar, como quiera que la estructuración de alianzas y coaliciones puede hacerse en Colombia contando con las casas electorales y sus barones y baronesas tras los avales a candidatos; mucho más ahora que el transfuguismo imperará.
El verdadero efecto dramático contra la apertura democrática ocurre cuando los expertos en matoneo político apoltronados en el Consejo Nacional Electoral anulan la elección de un electo por sectores alternativos, o eliminan la personería jurídica a una fuerza electoral minoritaria, cuyo caudal electoral responde a sectores tradicionalmente faltos de representación real; como Independientes, Fuerza Ciudadana y Soy Porque Somos.
Que la ciudadanía activada en torno a Soy Porque Somos pierda la existencia jurídica de su movimiento y, por lo mismo, no pueda presentar candidatos a su nombre ni hacerse visible en las consultas interpartidistas, mina el fundamento mismo de la democracia al obligarles a expresar su particularidad estableciendo alianzas con fuerzas con las que no desearían verse involucradas, o con otras en las que tendrán muy poco margen de incidencia, obligándoles a disputarse el potencial electoral disponible.
De repeso, la marcada disminución de recursos al no poder contar con financiación estatal, no poder establecer contratos, ni recibir donaciones para adelantar sus actividades, constituye una seria amenaza de desaparición, lo que resta vigor a la idea misma de apertura democrática. De repeso, los representantes y directivos de estas agrupaciones pierden notoriamente visibilidad al desaparecer el acceso a espacios asegurados como agrupación política en los medios de comunicación.
Si bien no resulta sensible a las pequeñas expresiones políticas la pérdida de su carácter de bancada ni la conformación de comisiones, pues se conservan las curules obtenidas en las corporaciones públicas, son deja de resultar lamentable el que las y los congresistas de estas fuerzas ocupen una posición paria o marginal en el Congreso, sin poder expresarse a nombre de las colectividades de origen.
Por fortuna, la lucha continúa y Soy Porque Somos no dará su brazo a torcer, intentando que se revierta la decisión tomada, por todos los medios legales que le quedan; igual que buscará afirmarse como fuerza progresista con sentido étnico, identitario y popular, inscribiéndose para las próximas elecciones.
En todo caso, el sospechoso actuar del cuestionado CNE debilita el entorno político venidero pues, pareciera que los de siempre pueden contar con una institución decididamente enfocada en diseñar cuáles sectores y candidatos que les resulten tolerables o de menos riesgo para sus intereses, podrán presentarse a las urnas. Mala señal para la democracia, reducir la alternatividad política por la vía de la negación o retiro de personerías jurídicas.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario